Auditoría Pública nº 70. Revista de los Órganos Autonómicos de Control Externo - page 10

zación de informes relacionados con la gestión
financiera pública y pueden requerir, en su caso,
la comparecencia de sus miembros para aclarar y
ampliar aspectos del informe de acuerdo con el
procedimiento establecido en sus reglamentos. Se
constatan diferencias entre los reglamentos de los
diferentes parlamentos que afectan a la exigencia
de presentación de los papeles de trabajo ante las
diferentes comisiones y/o sus diputados. Des-
de un punto de vista técnico se constata la con-
veniencia de una mayor comunicación entre el
OCEX y los órganos parlamentarios para hacer-
los conocedores de los procesos de elaboración de
los informes, de las características y complejidad
de los papeles de trabajo, de su carácter técnico
y de soporte de conclusiones, de tal manera que
las peticiones parlamentarias se puedan ceñir a
aspectos concretos del informe. Además, hay que
tener en cuenta los posibles conflictos que se pue-
dan generar con otras normas, especialmente las
relativas a protección de datos.
2. Es importante que se explique a la sociedad que el
ordenamiento jurídico encomienda a los OCEX
exclusivamente una función técnica que no com-
prende la investigación del fraude y de la corrup-
ción, aunque las recomendaciones de los infor-
mes de fiscalización en materia organizativa, de
control, de legalidad y de gestión, en la medida
en que se cumplan por parte del ente fiscalizado,
pueden servir para la prevención de los mismos.
En todo caso, cuando en los informes de fiscaliza-
ción se detectan indicios de fraude o corrupción,
se trasladan a los órganos competentes.
3. En un Estado de derecho las administraciones
públicas han de actuar con sujeción estricta a la
ley y al derecho y la labor de control de los OCEX
ha de incidir en la valoración del cumplimiento
de la legalidad. Por otra parte, los informes de
fiscalización deben tener un adecuado sustento
jurídico. Para ello, se hace indispensable la inter-
vención de juristas en la elaboración de los infor-
mes de fiscalización, ya sea mediante la creación
de equipos multidisciplinares o mediante apoyo
especializado en cuestiones específicas.
4. La clasificación de los incumplimientos de las
normas en los informes de fiscalización está
sujeta a multitud de parámetros sin que existan
reglas de general aplicación como ocurre en la
auditoría financiera. La guía práctica de fiscali-
zación de los OCEX sobre la importancia rela-
tiva en las fiscalizaciones de cumplimiento de
la legalidad puede constituir, con la experiencia
acumulada con el paso del tiempo, una valiosa
ayuda para la clasificación de los incumplimien-
tos en graves, significativos y leves. Se constata
la dificultad para expresar una opinión de lega-
lidad por la multitud de factores que influyen en
ella y por la dificultad en la aplicación práctica
de la importancia relativa en el ámbito de la le-
galidad. También se constata que, en la práctica,
en aquellos OCEX que expresan opinión de le-
galidad, ésta es en la mayoría de casos positiva
con salvedades. De forma previa a la emisión de
una opinión de legalidad habría que trabajar en
la clasificación de los incumplimientos y en el
concepto de materialidad aplicado a la legalidad.
5. La creación de entidades públicas debe tener una
finalidad de interés público y unas funciones de-
terminadas para conseguirla que deben reflejarse
en su norma de creación y en sus estatutos. Si la
entidad deja de tener la finalidad para la que se ha
creado, ésta cambia o la totalidad de sus funciones
se traspasan a otra entidad, ello debe implicar su
desaparición o la modificación de su norma de
creación/funcionamiento para adaptarla a la nue-
va configuración. Sin embargo, se constata que
existen entidades aunque hayan sido despojadas
de su finalidad, de sus funciones y de sus recursos.
6. Las entidades públicas están obligadas a satisfa-
cer los intereses públicos. En el marco jurídico
existente, los OCEX tienen dificultades para
controlar de manera suficiente la existencia de
conflictos de intereses y las prohibiciones de
contratar. Para garantizar la imparcialidad y
evitar los conflictos de intereses, son necesarios
cambios en el ordenamiento jurídico que facili-
ten a las entidades públicas y a los OCEX el con-
trol en esta materia.
7. Las leyes singulares que se refieren al ámbito de
la organización de las administraciones públicas
y de su sector público, han de responder a una
situación específica y han de ser razonables y
proporcionales y no deben extenderse a ámbitos
que no justifican un régimen diferenciado, espe-
cialmente si su única finalidad es la huida del de-
recho que en cada caso correspondería aplicar.
8. La figura de las plazas vinculadas docentes asis-
tenciales se rige por una normativa específica
que no se aplica en todas las comunidades au-
tónomas de igual forma. La aplicación parcial
genera numerosas dificultades para su fiscaliza-
ción y control.
8
Noviembre nº 70 - 2017
XII ENCUENTROS TÉCNICOS Y VII FORO TECNOLÓGICO
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...170
Powered by FlippingBook