en condición de igualdad, a los sujetos de Derecho pri-
vado en beneficio de un particular concreto, lo cual no
resulta jurídicamente posible.
En efecto, una derogación (singular o puntual) a tra-
vés de un convenio, es decir, de un acuerdo de volunta-
des, de una reglamentación imperativa en beneficio de
un particular concreto, no puede considerarse permiti-
da por el ordenamiento jurídico. Por el contrario, la sus-
cripción de convenios con particulares no supondría,
necesariamente, que se excepcionara el citado principio
de igualdad ante la ley, al menos si se abre la posibilidad
de acceder al mismo convenio a cuantos se encontraran
en la misma situación, o si el sujeto privado es selec-
cionado con arreglo a los principios contractuales (Pas-
cual García, 2012). El Tribunal de Cuentas ha zanjado
el tema, afirmando que: “no puede considerarse ajusta-
da al ordenamiento jurídico, sin un adecuado respaldo
legal, la suscripción de convenios con particulares que
impliquen concesión de ayudas singulares o, en general,
un trato privilegiado a determinadas entidades o ciuda-
danos, por cuanto por su propia naturaleza excepciona
el principio de igualdad ante la ley. Por el contrario, si el
convenio no implicara una situación de privilegio, po-
dría ser defendible la no necesidad de norma habilita-
dora, siempre que en su instrumentación se respeten las
restantes exigencias del marco legal aplicable”
1
.
La voluntad de la Ley, cabe concluir, es que el ejerci-
cio de las potestades administrativas se haga, de forma
ordinaria, mediante actos unilaterales, y que el recurso
al negocio bilateral deba estar amparado en una norma
jurídica. Como se desprende de la amplitud con que las
disposiciones legales de nuestro orden jurídico habilitan
la celebración de convenios con sujetos de Derecho pri-
vado; en dicho instrumento, más que privilegios a favor
de determinados particulares, hay que ver una forma de
administrar alternativa a la del acto unilateral, con la cual
lo que se busca es obtener mayor eficacia y favorecer la
participación de la sociedad civil en los asuntos públicos.
126
Noviembre nº 70 - 2017
LEGALIDAD
1
Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con la Moción sobre la
necesidad de establecer un adecuado Marco Legal para el empleo del Convenio de Colaboración por las Administraciones Públicas.
IV. BIBLIOGRAFÍA
Abogacía del Estado
(2016): Novedades en el Procedimiento Administrativo y en el Régimen del sector
Público. Madrid: Lefebvre-El Derecho, S.A.
Bassols Coma, M.
(1977). Consideraciones sobre los convenios de colaboración de la Administración
con los particulares para el fomento de actividades económicas privadas de interés público.
Revista de
Administración Pública
(82)
Casado Raigón, R
. (2014). Derecho Internacional. Madrid: Tecnos.
Gosálbez Pequeño, H
. (2016): ‘Los convenios administrativos’, en López Menudo, F. (Dir.): Innovaciones en el
procedimiento administrativo y común y el régimen jurídico del sector público, Instituto García Oviedo, Sevilla.
Fernández Ajenjo, J.A. y Jiménez Vacas, J.J.
(2016) “La fiscalización de los convenios de colaboración
por los OCEX y por el Tribunal de Cuentas, como antecedente de la reforma de la LRJSP de 2015”.
Revista
Auditoría Pública
nº 68 (2016), pp. 49 – 56
González Palomino, J.
(1964). ‘Estudios jurídicos de arte menor’. Vol. I. Ed. Universidad de Navarra.
Martín Huerta, P.
(2000). Los convenios interadministrativos. INAP.
Ortiz Mallol, J.
(2000). La causa como elemento definidor de contrato de consultoría y servicios: contrato
versus convenio interadministrativo y entre Administración pública y una entidad sin ánimo de lucro. Diario
La Ley. Ref. D-140, tomo 4
Pascual García, J.
(2008). Convenios de colaboración y encargos a entes instrumentales a la luz de la Ley
de Contratos del Sector Público.
Revista Española de Control Externo
(28).
Pascual García, J.
(2010). La huida del Derecho Administrativo, del Presupuesto y de los controles finan-
cieros por los nuevos entes del sector público. Presupuesto y Gasto Público (60).
Pascual García, J.
(2012). Convenios de colaboración entre administraciones públicas y convenios con
administrados. Madrid: Boletín Oficial del Estado.
Pascual García, J.
(2016). La regulación de los convenios administrativos en la ley de régimen jurídico del
sector público. R
evista Española de Control Externo
vol. XVIII, nº 54 (septiembre 2016)
Pastor Ridruejo, J.A.
(2016) Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales.
Madrid: Tecnos.
Santamaría Pastor, J.A.
(1988). Fundamentos de Derecho Administrativo I. Madrid: CEURA.
Toscano Gil, F.
(2017) “La nueva regulación de los Convenios administrativos en la Ley 40/2015 de régi-
men jurídico del sector público”.
