4. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Las CC.AA. disponían de un plazo máximo de dos
años, tras la publicación en el BOE de la Ley nacional
19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Buen Gobierno, para cumplir
con los objetivos de publicidad proactiva de los blo-
ques de transparencia y acceso a la información (títu-
los I y III).
Durante este periodo, tres CC. AA. han abierto por-
tales de
open data
: Canarias, Comunidad Valenciana y
Asturias, quedando así en 14 el número de portales de
datos abiertos autonómicos operativos a finales de 2015.
Sólo Cantabria, Comunidad de Madrid y la Región de
Murcia quedan fuera de la iniciativa.
En estos dos años, más de 37.000
datasets
se han
incorporado a los portales de datos abiertos, contribu-
yendo la Comunidad Valenciana con más de 35.000,
Aragón con más de 2.000 y el Principado de Asturias
rozando los 500. No obstante, el análisis centrado en los
conjuntos de datos relacionados con la transparencia
refleja un mínimo avance; en concreto, únicamente 37
datasets se pueden asociar con la rendición de cuentas,
siendo los responsables del mayor avance País Vasco y
Aragón con 14 y 10
datasets
, respectivamente.
En cuanto al suministro de información que permite
cumplir las exigencias de la Ley 19/2013, (que nuestra
investigación mide a partir de la existencia de 20 ítems
relacionados con la transparencia), podemos afirmar en
estos dos últimos años sólo divulgan más información
los portales de datos abiertos de Aragón, Canarias, Cas-
tilla-La Mancha y País Vasco.
Esta ínfima mejoría se traduce en que los resultados en
la clasificación por autonomías que puntúa, tanto la exis-
tencia de información como su calidad reutilizadora según
lo propuesto por Berners-Lee, muestren pocos cambios
respecto al ranking de elaborado a primeros de 2014.
País Vasco es el líder de clasificación duplicando en
puntos al segundo clasificado Navarra, lo que invita a
pensar que la iniciativa vasca
Irekia
, referente a nivel
mundial del gobierno abierto, está detrás de este buen
desempeño. El segundo puesto de Navarra podría jus-
tificarse por la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio de la
transparencia y del gobierno abierto, que ha sido pionera
en la promulgación de una auténtica ley de Transparencia
a nivel regional (superando en ambición y modernismo a
otras leyes autonómicas de anterior aprobación como la
gallega o la balear). Repite en el tercer puesto Extremadu-
ra, segunda comunidad autónoma en aprobar con una ley
de transparencia de amplio contenido, la Ley 4/2013, de
21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
No obstante, los avances son muy escasos. Se debe
experimentar un mayor aprovechamiento de las venta-
jas que en cuanto a transparencia facilitan las iniciati-
vas de datos abiertos. La corriente de
open data
obliga
al suministro de información gratuita (o a un mínimo
coste o coste marginal), en formatos libres y estánda-
res (no propietarios) fácilmente reutilizables con los
que la información pueda ser cómodamente tratada y
aplicaciones de visualización puedan ser desarrolladas,
contribuyendo así a un mejor monitoreo de la activi-
dad pública, ya que, como indican Alonso Magdaleno
y García-García, (2014), siempre tenemos que tener en
cuenta cuáles son los costes de la opacidad.
151
Auditoría Pública nº 70
(2017), pp. 143 - 152
5. BIBLIOGRAFÍA
Alonso Magdaleno, M. L., y García-García, J.
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El impacto de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en la publicación de información relacionada con la rendición de
cuentas en los portales de datos abiertos autonómicos españoles
