Auditoría Pública nº 70. Revista de los Órganos Autonómicos de Control Externo - page 157

dad o necesidad de financiación en términos de conta-
bilidad nacional. Pero se trata de un resultado menos
perfecto que el presupuestario, más precario y menos
estricto, pues carece de los ajustes esenciales que se
practican sobre este último y que lo configuran como
una magnitud verdaderamente fiable y ajustada. Ajus-
tes, fruto de la técnica contable y presupuestaria local,
como el que corresponde a los gastos financiados con
remanente de tesorería (por no dar este lugar a la liqui-
dación de derechos) y el que deriva de las desviaciones
de financiación positivas o negativas del ejercicio (por
la falta de acompasamiento en la ejecución de los gastos
e ingresos con financiación afectada). Sobre el resultado
de la ejecución de los ingresos y gastos no financieros se
prevé la realización de una serie de ajustes para hacerlo
compatible con las técnicas y principios de contabilidad
nacional, que se adaptan al Sistema Europeo de Cuen-
tas y, fundamentalmente, adoptan un criterio de caja
(Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional
adaptado a las corporaciones locales), pero los mismos
tienen otra naturaleza y no se obtienen de una forma
automatizada del sistema de información contable.
Desde un primer momento, ya en 2001, se empeza-
ron a detectar las primeras señales de desentendimiento
conyugal que avocaban al divorcio, las primeras recrimi-
naciones, síntomas de desencuentro. Como máximo ex-
ponente de ello, el recurso tradicional al crédito a largo
plazo para financiar las inversiones, o una parte de ellas,
se supeditaba ahora a los requerimientos de la estabili-
dad presupuestaria. Así, podía producirse la paradoja de
que una entidad local, aun contando con un porcentaje
o volumen de endeudamiento, sobre los recursos co-
rrientes liquidados, más que aceptable, y un ahorro neto
más que positivo, podía ver limitada su posibilidad de
acudir al crédito si incumplía el objetivo de estabilidad
presupuestaria, atendiendo a un déficit de los capítulos
1 a 7. Se obligaba a captar recursos de carácter no fi-
nanciero para la finalidad inversora y se rompía así la
tradicional medida del endeudamiento. O aquella otra
paradoja que impedía, o condicionaba, la hasta enton-
ces habitual utilización del remanente de tesorería (RT)
como recurso financiador de modificaciones de crédito,
ya que al instrumentarse dicha utilización a través del
capítulo 8 de ingresos, de carácter financiero, y finan-
ciarse gastos, habitualmente correspondientes a capítu-
los no financieros, se podía incurrir también en incum-
plimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y se
obligaba a aprobar un plan económico-financiero. ¿Un
plan, entonces a tres años, por utilizar, como se venía
haciendo, el excedente o superávit acumulado a lo largo
de los años? (antecedente éste, o medida precursora, de
lo que, con posterioridad, con la Ley Orgánica de 2012,
ha constituido la limitación para utilizar el remanente
de tesorería, en virtud del artículo 32 y la disposición
adicional sexta de esta norma). Empezaron también las
primeras infidelidades, las primeras objeciones; así por
ejemplo, las consecuencias de la natural utilización del
RT a lo largo del ejercicio para financiar la incorpora-
ción de remanentes de créditos y otras modificaciones,
causante del incumplimiento, se posponían al momento
de la liquidación, donde se informaba sobre ello. Esta y
otras situaciones similares se resolvían por la vía de con-
sultas al Ministerio de Hacienda (MH) o comunicados
de este, pero se creaba inseguridad, diferencias en el tra-
Carta a una desconocida: la estabilidad presupuestaria en las entidades locales
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