Auditoría Pública nº 70. Revista de los Órganos Autonómicos de Control Externo - page 16

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Noviembre nº 70 - 2017
ENTREVISTA
mayor control de la actividad pública, y digo yo, será
por algo, por lo que si se consigue el propósito, estoy
convencido en que se traducirá en una mayor confianza
de los ciudadanos y eso provocará un efecto positivo en
todos los sentidos.
Pero con esto no quiero decir que se implanten ma-
yores exigencias de control, sino que lo más importan-
te es que se planifiquen bien esos controles y que sean
efectivos. De otra forma no tendría sentido ni darían los
resultados esperados.
A. P.-
Más en serio. ¿Qué papel deben desempeñar
los auditores privados en la auditoría pública? En una
hipotética normativa básica sobre esta cuestión, ¿qué
prioridades se deberían contemplar?
Está claro que los auditores tenemos actualmente
un gran reto por delante, pero a la vez muy ilusionante.
Todos hemos oído o leído en numerosas ocasiones el
propósito de los partidos políticos de que se realicen un
mayor número de auditorías para controlar el sector pú-
blico y luchar contra el fraude. Pues bien, con la publi-
cación en 2017 del reglamento de control interno local,
se pretende un avance significativo en el fortalecimiento
del control interno de los ayuntamientos, sus organis-
mos autónomos y empresas dependientes.
En mi opinión, uno de los aspectos más relevantes y
novedosos en ese real decreto es el control financiero, ya
que se obliga al interventor a que, en base a un análisis
de riesgos, se establezca un plan anual de control finan-
ciero, añadiendo tareas adicionales, como son realizar
anualmente la auditoría de las cuentas anuales de los
organismos autónomos locales, las entidades públicas
empresariales locales, las fundaciones del sector público
local obligadas a auditarse por su normativa específica,
los fondos, los consorcios y fundaciones y las socieda-
des mercantiles dependientes de la entidad local y con
un mayor número de conceptos y tareas a asumir por
parte de la función interventora.
Todos los auditores tenemos un nuevo reto por delan-
te, ya que para ayudar en estas tareas, si como es previsi-
ble no existen recursos suficientes, las entidades locales
podrán recabar la colaboración pública o contratar fir-
mas privadas de auditoría. Estamos ante una nueva línea
de negocio en el seno de las firmas privadas de auditoria
y, por el potencial del sector público, de importantes di-
mensiones. No obstante, no debemos dejar de lado la difi-
cultad añadida de este nuevo reto, que es la formación. Si
la formación siempre ha sido un aspecto clave en audito-
ría, para este nuevo reto lo es aún más; las actuaciones de
auditoría pública se someterán a las normas de auditoría
del sector público aprobadas por la Intervención General
de la Administración del Estado y a las normas técnicas
que las desarrollen, por lo tanto, es imprescindible para
desarrollar las actuaciones de auditoría en el sector públi-
co, un conocimiento y formación adecuado y especifico
del personal de la firma asignado a estos clientes.
En definitiva, surge una nueva oportunidad de cola-
boración entre las entidades locales, los interventores y
los auditores privados, con unas exigencias específicas
y adecuadas, fundamentalmente en la formación de los
auditores y de sus equipos de trabajo, lo que debería ase-
gurar una mayor fiscalización del control financiero en la
gestión estatal y autonómica. Como decía anteriormente,
estoy convencido de que repercutirá en generar una ma-
yor transparencia y confianza en el público en general.
A. P.-
España tiene más de 8.000 municipios, la
gran mayoría de ínfimo tamaño, pero en todo caso,
integrantes del sector público local. A su juicio, ¿se-
ría preferible racionalizar este mapa municipal o, en
su lugar, mantenerlo inalterado, a cambio de reforzar
sustancialmente la auditoría pública sobre estas enti-
dades locales?
Me parece una buena pregunta pero yo voy más allá.
Según un estudio reciente efectuado por el Consejo Ge-
neral de Economistas y FIASEP, en España hay 20.630
entidades del sector público, de las que 18.261 son del
sector local. Pues bien, únicamente se auditan 1.719 en-
tidades, es decir, el 8% del total. El gasto público con
relación al PIB español ronda el 47%, por lo que queda
claro que el sector público tiene un importante peso en
la economía y, sin embargo, se realizan muy pocas audi-
torías en el mismo.
El problema aun es mayor si consideramos que el ni-
vel de rendición de cuentas del sector público, es decir,
no ya la realización de la auditoría externa, sino simple-
mente la presentación de la contabilidad oficial, es muy
bajo. Me consta que el problema de la falta de rendición
de cuentas no solo afecta a los pequeños municipios, ya
que por tramos de población, de los que tienen más de
100.000 habitantes, creo que el 65% no rinde las cuentas
anuales correspondientes y de los menores de 1.000 ha-
bitantes no rinden cuentas el 60%.
Considero que la racionalización que me plantea es
un proceso muy complejo y de difícil ejecución, aunque
todo es posible. Veo más factible mantenerlo tal cual y
reforzar la actividad de la auditoría pública sobre estas
entidades locales. Lo que está claro es que el panora-
ma actual descrito no puede continuar en el tiempo si
queremos conseguir los objetivos de transparencia y
confianza en la población. El reto de reducir el número
de municipios es tarea de gran calado político que ne-
cesitaría un consenso muy amplio en todo el país, y no
digamos entre los vecinos afectados.
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