Auditoría Pública nº 70. Revista de los Órganos Autonómicos de Control Externo - page 17

A. P.-
La vigente Ley de Auditoría, aprobada en
2015, es clara al afirmar que la auditoría de entidades
que forman parte del sector público debe regirse por
sus normas específicas y que solo puede ser realizada
por el correspondiente órgano de control interno, por
el OCEX o por el Tribunal de Cuentas, según el caso. La
norma dice además que los informes que pudieran emi-
tir auditores privados no podrán identificarse como
de auditoría de cuentas en sentido estricto. ¿Cómo se
puede resolver esta problemática, por ejemplo, en las
universidades públicas, donde tradicionalmente la au-
ditoría privada ha venido siendo la tónica habitual?
Buena pregunta y tal vez yo no tenga la mejor de las
respuestas pero le puedo dar mi opinión. Efectivamen-
te, la disposición adicional segunda de la Ley 22/2015
enuncia que los trabajos de auditoría sobre cuentas
anuales u otros estados financieros o documentos con-
tables de entidades que forman parte del sector público
se encuentran atribuidos legalmente a los órganos pú-
blicos de control de la gestión económico financiera del
sector público en el ejercicio de sus competencias y se
rigen por sus normas específicas. Además, también se
indica que los informes que pudieran emitir auditores
de cuentas o sociedades de auditoría sobre entidades
públicas, no pueden identificarse como de auditoría de
cuentas, ni su redacción o presentación podrán generar
confusión respecto a su naturaleza como trabajo de au-
ditoría de cuentas.
Como bien sabemos, las universidades públicas es-
pañolas han venido realizando auditorías de cuentas,
operativas y de gestión, por auditores privados o socie-
dades de auditoría en base a una serie de razones, como
pueden ser, demanda social de mayor transparencia
en la gestión pública, necesidad de auditar las cuentas
anuales de los entes públicos educativos, necesidad de
ampliar las actuaciones control, cubrir la insuficiencia
de recursos de los que disponen los órganos de control
de las administraciones públicas y por razones econó-
micas y de eficiencia en la gestión de los propios órga-
nos de control.
Es cierto que un auditor privado con la normativa ac-
tual no tiene potestad para realizar auditorías de cuentas
anuales u otros estados financieros de entes públicos, a
excepción de entes cuya naturaleza jurídica adquiera la
forma de sociedad mercantil o de entidad sin ánimo de
lucro. En los demás casos, como puede ser la audito-
ría de una universidad pública, los términos legalmente
aceptados son la contratación de un auditor privado por
un organismo interno de control para llevar a cabo una
revisión limitada sin emisión de informe, que corres-
pondería al órgano interno, o la colaboración con los
OCEX donde por insuficiencia de medios, podrán reca-
bar la colaboración de auditores privados que deberán
ajustarse a las normas e instrucciones que determine el
propio OCEX.
Por lo tanto, entiendo que manteniendo cada uno sus
competencias y siempre respetando la legislación vigente,
hay margen suficiente para una adecuada cohesión entre
los auditores privados y los organismos público de control.
A. P.-
En general, ¿cómo valoraría usted el actual
grado de colaboración entre los auditores privados y
los órganos autonómicos de control externo (OCEX)?
¿Percibe o sugiere algún margen de mejora?
Naturalmente, percibo un grado actual de colabo-
ración muy bajo, tal y como lo percibe todo nuestro
colectivo de auditores, pero es algo que llevamos años
demandando, puesto que entendemos pueden apoyar-
se en nosotros para el cumplimiento de los objetivos de
control que se marquen. Estoy convencido de que juntos
se pueden realizar grandes trabajos.
En mi opinión, destacaría que el papel del auditor
privado en el ámbito del sector público va más allá de
una colaboración con los órganos de control, ya que su
trabajo puede proporcionar a los encargados de la ges-
tión de los fondos públicos información y dictámenes
sobre el estado de las diversas áreas de la entidad, como
contratación administrativa, ingresos tributarios, con-
cesiones, subvenciones públicas, costes de los servicios,
legalidad presupuestaria, entre otras, que suponen un
valor añadido importante al identificar problemas, rea-
lizar recomendaciones y hacer un seguimiento sobre los
progresos y resultados.
En conclusión, entiendo hay mucho margen de me-
jora. La mezcla de los criterios y de las visiones de los
auditores públicos y privados para afrontar los temas
que usted me plantea, seguro que ayudará a buscar las
soluciones más eficaces para la censura de las activida-
des desarrolladas por el sector público.
A. P.-
Enlazando sus dos facetas profesionales de
auditor y experto en tributación, ¿cree que se hace
todo lo posible en España para prevenir y perseguir
el fraude fiscal, más allá del necesario simbolismo de
ciertos casos con personajes o futbolistas famosos?
¿Podrían los OCEX y el Tribunal de Cuentas contri-
buir más a esa tarea desde su función de fiscalización?
Naturalmente, todo se puede mejorar, pero se hace
un esfuerzo constante en la lucha contra el fraude en
varias direcciones: a través de controles a posteriori,
como tradicionalmente se ha hecho y apoyándose en
herramientas informáticas; incrementando la infor-
mación y la explotación de la misma, como puede ser
buen ejemplo el sistema inmediato de información que
“Si la formación siempre ha sido un aspecto clave en auditoría, para los nuevos retos lo es aún más”
15
Auditoría Pública nº 70
(2017), pp. 13 - 16
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...170
Powered by FlippingBook