Auditoría Pública nº 70. Revista de los Órganos Autonómicos de Control Externo - page 20

1.- INTRODUCCIÓN
El fin como objetivo. El confín como límite. Hablan-
do en concreto de la fiscalización del sector público, el
fin ha quedado bastante claro desde hace años, aunque
no sin una profusa discusión previa (Fernández Llera,
2009). Sirva como síntesis lo dispuesto sobre el con-
cepto de fiscalización en el glosario final de las vigen-
tes Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas
(TCU), aprobadas el 23 de diciembre de 2013, asimismo
incorporado en la introducción de las ISSAI-ES 100 a
400: “conjunto de actuaciones del Tribunal de Cuentas
para comprobar el sometimiento de la actividad econó-
mico-financiera del sector público a los principios de
legalidad, eficacia, eficiencia, economía y, en su caso,
otros de buena gestión”.
De lo anterior se coligen tres cuestiones sobre los
confines de la fiscalización, es decir, sobre el alcance
de sus límites. Por un lado, el que se refiere al ámbito
material de la fiscalización, esto es, las cuestiones re-
lativas a la gestión de los fondos públicos de las que se
podría ocupar, sin entrar en colisión con otras actua-
ciones y funciones, caso de la evaluación de políticas
públicas (Medina Guijarro y Álvarez Tólcheff, 2009),
la supervisión presupuestaria o del sector financie-
ro, el análisis económico o la inspección tributaria o
laboral, por citar solo algunos ejemplos. En segundo
lugar, desde un punto de vista competencial, para de-
terminar la institución más apropiada para acometer
esa tarea de fiscalización en cada supuesto concreto,
no solo el TCU en tanto que “supremo órgano fisca-
lizador” (artículo 136 de la Constitución Española),
sino también los órganos autonómicos de control ex-
terno (OCEX), cada uno en su respectivo ámbito. Por
último, se debe precisar el enfoque técnico, en el mar-
co de principios y normas internacionales y nacio-
nales, distinguiendo las principales modalidades de
fiscalización (financiera, operativa y de cumplimien-
to, así como cualquier combinación de ellas). Los tres
confines señalados son, por definición, difusos, por
lo que conviene tratar de establecer adecuados lindes,
aunque sabiendo que las delimitaciones exactas no
son factibles, ya que existen multitud de territorios
comunales y fronteras tensas.
El objetivo del trabajo es repasar algunos puntos de
conflicto o carencias en cada una de las tres esferas ci-
tadas, con particular énfasis en el papel de los OCEX. A
la luz de la experiencia acumulada y de algún otro indi-
cador, se comentarán ciertas materias controvertidas o
escasamente abordadas por la fiscalización (sección 2),
se planteará el posible reparto de tareas (sección 3) y se
hará referencia a algunos retos en torno a normas y pro-
cedimientos técnicos de fiscalización (sección 4). Una
última sección concluye.
2.- ASPECTOS MATERIALES
La fiscalización no es la panacea para una gestión pú-
blica acorde con la legalidad y los demás principios de
aplicación, aunque se alza como un ideal e imprescin-
dible aliado. Con todo, existen algunas esferas contro-
vertidas y ciertas zonas de sombra que deben ser, como
mínimo, reconsideradas, al calor de una mayor sensibi-
lidad social y política, pero también por su relevancia
cuantitativa en el marco del sector público y de sus rela-
ciones con otros sectores de la economía. Lo que sigue
no es una relación exhaustiva, sino una guía subjetiva
de prioridades.
Sector financiero
Una primera controversia sobre el alcance material
de la fiscalización, sin duda, atañe a la relación del sec-
tor público con el sector financiero, sobre todo por las
medidas de calado que se debieron afrontar en el mo-
mento álgido de la última crisis financiera y que aún
arrastrarán consecuencias sobre el déficit y la deuda del
sector público durante bastante tiempo. La magnitud,
la amplitud, la persistencia y la intensidad de las ayu-
das públicas a la banca (Fernández Álvarez y Fernández
Llera, 2013; Maudos Villaroya, 2013) han sido conside-
rables, reforzando las interrelaciones entre el sector pú-
blico y el sector financiero hasta niveles desconocidos,
incluso reinstaurando una suerte de banca pública o,
en puridad, nacionalizada, ya que la intención para su
re-privatización parece evidente en muchos casos. En
bastantes países de la UE el tamaño del sector financiero
supone varias veces el valor del PIB, por lo que plantea
un problema de incentivos derivados del riesgo sisté-
mico (“demasiado grande para caer”). Es por ello que
la regulación, la supervisión y el control del sector fi-
nanciero deben asegurar la garantía de los depósitos y la
continuidad de los mecanismos de pagos, lo cual puede
exigir ayudas públicas muy considerables en periodos
de crisis financieras graves, pero sobre todo un círculo
vicioso entre deuda privada y deuda soberana.
El caso español no es una excepción a lo antedicho,
en especial desde 2012, por efecto del Programa de Asis-
tencia Financiera y el Memorándum de Entendimiento
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(vulgo: “rescate”), el cual supuso el estreno de las líneas
de apoyo del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Lo an-
terior pone de manifiesto que la supervisión del sector
financiero es un prerrequisito para la sostenibilidad de
las finanzas públicas. De igual modo, solo unas finan-
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Noviembre nº 70 - 2017
AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS
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BOE del 10 de diciembre de 2012.
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