Auditoría Pública nº 70. Revista de los Órganos Autonómicos de Control Externo - page 21

zas públicas saneadas pueden servir para atemperar una
crisis bancaria o financiera con medidas específicas de
apoyo que no comprometan la prestación de servicios
públicos fundamentales o trasladen al contribuyente
una carga fiscal excesiva.
Como recuerda Monasterio Escudero (2015), a la
hora de analizar y comparar las características de las
actividades de control desarrolladas sobre el sector
público y en el sector financiero, es posible identificar
un conjunto de similitudes y diferencias. La principal
similitud, a juicio del autor, radica en el problema de
delimitar adecuadamente el ámbito subjetivo y objeti-
vo del control (en el sector público, sobre todo, por las
entidades instrumentales y sin sectorizar; en el sector
financiero, por la llamada “banca en la sombra”). En
ambos casos, existe un riesgo latente, aunque también
observable y constatable, derivado de la tendencia de
los gestores a huir de la regulación aplicable en cada
caso. En términos de control, las diferencias entre am-
bos sectores se manifiestan sobre todo en las conse-
cuencias derivadas de las irregularidades o deficiencias
detectadas en la fiscalización (en el sector público, cen-
tradas en la exigencia de responsabilidad administrati-
va, penal o contable de las personas y, solo en algunos
casos, con medidas contra la propia entidad; en el sec-
tor financiero, pudiendo culminar en casos graves con
la disolución y liquidación de las entidades inviables,
sin perjuicio de las posteriores sanciones a administra-
dores o directivos).
El reto material de la fiscalización ejercida por las
instituciones de control externo (ICEX) reside en la
adecuación de sus tareas a la actividad del sector finan-
ciero cuando ésta afecte, condicione o limite –incluso
en el estadio de la hipótesis- la buena gestión de los
fondos públicos. Así, esta precondición parece de trivial
cumplimiento cuando se trata de ayudas públicas, sub-
venciones, préstamos públicos, avales, garantías, inyec-
ciones de capital, compras de acciones o cualesquiera
otras formas de apoyo directo o indirecto a entidades
financieras. Sin embargo, existen otros supuestos menos
claros, aun en el marco del amplio mandato de las ICEX,
por ejemplo, acerca de la posibilidad de fiscalizar la ac-
tuación supervisora de bancos centrales, comisiones
nacionales o agencias, así como la actividad financiera
de cajas de ahorro, cooperativas de crédito, bancos, so-
ciedades gestoras de patrimonio inmobiliario
2
o funda-
ciones bancarias con participación pública. También, en
todos los casos, cuando los representantes públicos ocu-
pen una posición de mayoría o dominio en los órganos
de gobierno de esas entidades.
Tomando como referencia un informe pionero de
la
Cour de Comptes
de Francia, Velarde Fuertes (2009)
plantea las cuestiones consecutivas a formular en este
tipo de fiscalizaciones: ¿por qué la puesta en marcha de
ayudas públicas ha parecido que era necesaria?; ¿se han
alcanzado sus objetivos?; ¿las obligaciones asumidas por
los bancos beneficiados van a ser respetadas?; ¿cuál es el
impacto para la Hacienda Pública?; ¿cuáles son las con-
diciones de salida del dispositivo puesto en marcha?;
y, ¿de qué garantía dispone el Estado para defender el
interés general y sus intereses patrimoniales en esos es-
tablecimientos crediticios?
En España, tomando como punto de partida el año
2009, cuando comenzó el amplio proceso de restruc-
turación bancaria en toda la UE, se puede constatar
que el TCU ha elaborado varios informes de fiscali-
zación (cuadro 1) y aún tiene alguno en fase de elabo-
ración al cierre de este trabajo
3
. De igual modo, entre
los OCEX, la Cámara de Comptos de Navarra tam-
bién se ha adentrado en este campo, eso sí, haciendo
notar que ha sido a solicitud parlamentaria. Antes de
la crisis, concretamente el 27 de febrero de 2007, el
TCU ya había aprobado algunos informes específicos
homólogos, en particular, una fiscalización de la or-
ganización y los procedimientos de supervisión sobre
las entidades de crédito, seguros y servicios de inver-
sión y de la coordinación entre los organismos super-
visores y con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT). En la subsiguiente resolución de
la Comisión Mixta para las Relaciones con el TCU a
ese informe
4
se acordó literalmente “instar al Banco
de España, a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y a la Dirección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones [a] facilitar al Tribunal de Cuentas
su labor de fiscalización, permitiéndole el acceso a la
documentación necesaria para verificar la aplicación
de los procedimientos de supervisión de esos orga-
nismos, de acuerdo con las competencias atribuidas
al Tribunal de Cuentas […], respetando por parte de
todos los organismos implicados el deber de secreto
al que todos ellos están obligados”.
Fines y confines de la fiscalización en el sector público
19
Auditoría Pública nº 70
(2017), pp. 17 - 26
2
El caso de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria.
3
Por ejemplo, la fiscalización prevista en el Programa Anual de Fiscalizaciones para 2017, sobre el cumplimiento de la legalidad y de sistemas y procedimientos de
la función supervisora del Banco de España, referida al ejercicio 2015.
4
BOE del 5 de enero de 2010.
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