Auditoría Pública nº 70. Revista de los Órganos Autonómicos de Control Externo - page 22

ICEX
Fecha de aprobación
TCU
Fiscalización del cumplimiento de la legalidad y de sistemas y procedimientos de la función
supervisora del Banco de España, ejercicio 2015
23-2-2017
Fiscalización de la legalidad de las actuaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, de los Fondos de Garantía de Depósitos y del Banco de España, relacionadas
con la reestructuración bancaria, referida al período 2009-2012
27-3-2014
Fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015
22-12-2016
Fiscalización del Fondo de Adquisición de Activos Financieros
27-6-2013
Cámara de Comptos
de Navarra
Informe para la Comisión de Investigación sobre la Caja de Ahorros de Navarra (2000
a 2012)
*
13-3-2015
Actuación del Gobierno de Navarra en el ejercicio de sus funciones inspectoras y de
protectorado sobre la Caja de Ahorros de Navarra (1982-2011)
12-2-2014
*Informe de asesoramiento. Fuente: elaboración propia,
y
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Noviembre nº 70 - 2017
AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS
Cuadro 1. Informes relacionados con el sector financiero (desde 2009)
La Comisión Mixta para las Relaciones con el TCU
aprobó años más tarde una nueva resolución
5
, donde se
resume el planteamiento que debería adoptar el sector
público ante futuras crisis bancarias o financieras. Así,
se insta al Fondo de Reestructuración Ordenada Ban-
caria (FROB) a:
• Mantener, en el eventual caso de la apertura
de un nuevo proceso de apoyo a las entidades
financieras, la extrema diligencia en la adop-
ción de todas las medidas que la normativa le
permite (tanto la de carácter general que go-
bierna el régimen societario como la específi-
ca que regula los procesos de reestructuración
y resolución), con objeto de asegurar la defen-
sa del interés público en las entidades partici-
padas o apoyadas por el FROB.
• Extremar la diligencia en adoptar todas las
medidas que la normativa le permite con ob-
jeto de asegurar la defensa del interés público
en las entidades participadas o apoyadas por
el FROB.
• Establecer mecanismos claros y transparen-
tes de seguimiento, control e información de
los apoyos financieros públicos empleados o
comprometidos en la reestructuración de en-
tidades financieras, así como de la gestión de
esos apoyos por parte de las entidades finan-
cieras destinatarias.
• Emprender todas las actuaciones judiciales
precisas para la recuperación de los recursos
que hayan podido sustraerse de las entidades
de crédito beneficiarias de apoyos financieros
por sus directivos y administradores de una
forma no ajustada a derecho.
En la citada resolución también se insta al Gobierno
de España a continuar fortaleciendo los mecanismos de
seguimiento y adecuada rendición de cuentas sobre la
utilización de los diferentes instrumentos de reestruc-
turación y resolución de entidades de crédito, y, en par-
ticular, aquellos en los que haya de emplearse alguna
forma de ayuda financiera pública. Todo ello en línea
con el trabajo ya adelantado en la Ley 9/2012, de 14 de
noviembre, de reestructuración y resolución de entida-
des de crédito, y al hilo del proceso de transposición a
España de la normativa europea.
Finalmente, se insta al TCU a realizar los informes
de fiscalización relacionados con el sistema financiero,
mejorando la sistemática en la elaboración que evite la
agregación y exposición conjunta de conceptos de distin-
ta naturaleza y en coherencia con los criterios técnicos
establecidos para el análisis de los aspectos de registro de
operaciones financieras, analizando otros posibles aspec-
tos adicionales de manera independiente y de conformi-
dad con criterios objetivamente evaluables.
Parece obvio que las consecuencias para el sector pú-
blico del proceso de reestructuración, ordenación e im-
pulso a la solvencia de las entidades de crédito, iniciado
en España en 2012, proseguirán aún durante bastantes
años e incluso algunas revisten carácter estructural y
permanente
6
. En consecuencia, tanto por razones cuan-
titativas como cualitativas, de transparencia y de interés
social, la fiscalización a cargo de las ICEX debe conti-
nuar e incluso ser reforzada, incorporando también al
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y en estrecha coor-
5
BOE del 8 de octubre de 2014.
6
Baste citar que el importe de las ayudas públicas comprometidas en diversas formas de capital ha ascendido, desde mayo de 2009 hasta el cierre de 2016, a 54.353
millones de euros, aportados por el FROB, de los cuales, el importe recuperado o recuperable solo suponía el 26,3% del total (nota informativa del Banco de Espa-
ña de 7 de septiembre de 2017). Por otro lado, en el mismo periodo el saldo neto por ayudas a instituciones financieras con efecto en el déficit público suma 47.887
millones de euros (dato de la IGAE a 27 de junio de 2017).
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