Auditoría Pública nº 70. Revista de los Órganos Autonómicos de Control Externo - page 23

dinación y colaboración con la supervisión del Banco
de España y del Banco Central Europeo, puesto que se
mueven en planos paralelos y, de alguna forma, comple-
mentarios. La competencia de las ICEX en este ámbito
de la fiscalización está fuera de duda
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, lo que no es óbice
para reclamar un esfuerzo adicional de especialización,
dada la complejidad técnica del tema.
Deuda pública
Sin duda, la fiscalización de la deuda pública ha cobrado
un especial protagonismo en los años de la crisis, por mo-
tivos evidentes que tienen que ver con su importante ele-
vación, con la mayor sensibilidad ciudadana y, en fin, con
su vinculación, como ya se ha dicho, a la reestructuración
bancaria, pero también a la prestación de servicios públi-
cos fundamentales, dada la fuerte caída de los ingresos
tributarios ordinarios. Al calor de esta demanda social, las
reglas fiscales se han ido endureciendo, de lo que ofrecen
buena prueba en España la reforma constitucional de 2011
y sus desarrollos posteriores, en obvia conexión con el re-
fuerzo de la gobernanza económica en la Unión Económi-
ca yMonetaria. Las ICEX no han sido ajenas a este proceso
y por eso en los últimos años se han hecho habituales los
informes específicos sobre endeudamiento, así como los
objetivos concretos dentro de los informes generales de la
cuenta general estatal, autonómica y local.
El reto material en este momento no pasa tanto por
incluir la deuda como objeto de fiscalización (algo, por
otra parte, obligado), sino en hacerlo de tal forma que se
analicen determinados aspectos, por su riesgo potencial:
• Conexión entre deuda comercial y deuda pú-
blica, con especial seguimiento de los perio-
dos medios de pago a proveedores y el control
de la morosidad.
• Restricciones previstas en la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de financiación
de las Comunidades Autónomas, inactivas de
facto en este momento y que, en cambio, de-
berían ser reorientadas a futuro como alertas
tempranas, con consecuencias.
• Préstamos entre administraciones públicas.
• Deuda canalizada a través de entidades o “em-
presas públicas” que no consolidan en térmi-
nos de Contabilidad Nacional.
• Deudas contingentes por efecto del envejeci-
miento de la población o por saldos deudores
incobrables.
• Distinción entre contingencias presupuesta-
rias (imprevistas, por definición) y gastos pre-
visibles con oscilaciones.
• Previsiones macroeconómicas, sensibilidad
cíclica de gastos e ingresos y cálculos afinados
del déficit estructural.
• Financiación excepcional de servicios funda-
mentales (o de gasto corriente en general) con
cargo al recurso al crédito.
• Creación, en su caso, de fondos de estabiliza-
ción económica o fondos de reserva.
• Planes extraordinarios de inversiones y de es-
tímulo económico.
• Instrumentos de gestión presupuestaria y re-
glas de transparencia y suministro de infor-
mación.
De igual modo, es preciso realizar adecuadas fiscali-
zaciones del cumplimiento de los objetivos de estabili-
dad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de
gasto, no sólo para constatar dicho cumplimiento (o su
contrario), sino para indagar en las causas y, aún más,
para recomendar medidas preventivas y correctoras a
futuro, incluyendo guías y criterios para la fijación de
nuevos objetivos de forma justa, eficiente y factible. Es
preciso en este ámbito que las ICEX contribuyan a de-
finir una relectura de la estabilidad presupuestaria en la
que se ajusten mejor los ingresos públicos estructurales
al gasto público que se ha acordado financiar, combi-
nando esta operativa con la actual, basada en un gasto
determinado por unos ingresos que se han demostrado
insuficientes durante la crisis.
Financiación autonómica
El sistema de financiación autonómica de régimen co-
mún, con todas sus especificidades (singularmente, las de
Canarias), pero todavía más los sistemas de régimen foral
basados en Concierto Económico y Convenio, han sido
históricamente unos grandes
olvidados
en la fiscalización.
Baste recordar que no se han elaborado hasta el momento
informes específicos sobre la integridad de los sucesivos
modelos de financiación autonómica por parte del TCU,
ni informes específicos parciales en los OCEX sobre la
aplicación de ese mismo sistema de financiación a las res-
pectivas comunidades autónomas. Tampoco se conocen
informes de fiscalización del TCU ni de los OCEX nava-
rro o vasco sobre los regímenes forales, en especial, sobre
los criterios de cálculo de la aportación y el cupo. Aúnmás
llamativo resulta este
silencio fiscalizador
si se añade que
las solicitudes a las ICEX de este tipo de informes brillan
por su ausencia o, en el mejor de los casos, no son bien
acogidas. Es preciso volver a indicar que las liquidaciones
de los diferentes sistemas de financiación autonómica,
siendo absolutamente necesarias, no son suficientes para
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Auditoría Pública nº 70
(2017), pp. 17 - 26
Fines y confines de la fiscalización en el sector público
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Esto se llegó a cuestionar duramente por parte de las entidades fiscalizadas e incluso dentro del TCU, con votos particulares a los programas anuales de fiscaliza-
ción
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