Auditoría Pública nº 70. Revista de los Órganos Autonómicos de Control Externo - page 24

comprender en toda su magnitud muchos de los aspectos
relativos a tributación compartida, concertada o conve-
niada, así como a los mecanismos de nivelación. Incluso
en los informes de los OCEX y del TCU relativos al Fondo
de Compensación Interterritorial –estos sí, recurrentes y
obligatorios- adolecen de excesiva generalidad y un claro
sesgo hacia la fiscalización de cumplimiento, en detrimen-
to de la fiscalización operativa, imprescindible para prio-
rizar las inversiones públicas con mayor impacto efectivo.
Desde el comienzo de la crisis, además, los sistemas
de financiación autonómica se han visto alterados por
mecanismos extraordinarios y adicionales de financia-
ción habilitados por el Estado (mecanismo de pago a
proveedores, Fondo de Liquidez Autonómico y, desde
2015, el Fondo de Financiación a Comunidades Au-
tónomas). Su importancia cuantitativa global, su uti-
lización diferencial entre comunidades autónomas, el
impacto sobre la composición de la cartera de deuda
autonómica, su deseable retirada
8
, la gestión futura de
las deudas contraídas a su cargo y, en resumen, la ano-
malía que introducen en el funcionamiento general de
la financiación autonómica, les han hecho acreedores de
atención por parte de las ICEX. Así, el TCU ya prevé en
su Programa Anual de Fiscalizaciones para 2017 un in-
forme de fiscalización específico sobre el citado Fondo
de Financiación a Comunidades Autónomas, referido a
sus dos primeros ejercicios de aplicación
9
. En todo caso,
debe ser el inicio de un camino, nunca el final.
Régimen local y su financiación
Casi idéntica reflexión a la realizada para la financia-
ción autonómica se podría hacer para la financiación
local, con un relevante añadido y un importante matiz.
El primero, para alertar de que la fiscalización podría
alcanzar también, de una forma más amplia que hasta
ahora, a todos los procesos de reorganización adminis-
trativa –incluidas eventuales fusiones municipales- e
institucional, no solo a modo de inventario, sino inda-
gando en sus efectos sobre la sostenibilidad financiera,
la eficacia, la eficiencia y la economía de la gestión pú-
blica local. El matiz con respecto al mundo autonómico
también es relevante, sobre todo en términos de déficit
y deuda, puesto que el sector público local, en términos
agregados, liquida sus presupuestos con superávit y es el
único nivel de gobierno que ha cumplido el objetivo de
deuda ya en 2016, cuando el plazo es 2020, de acuerdo
con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabili-
dad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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Noviembre nº 70 - 2017
AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS
8
Así opina la Comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica (2017).
9
También se prevé un informe análogo del Fondo de Financiación a Entidades Locales.
10
Entre tanto, las ICEX están recomendando que desde la Alcaldía-Presidencia de la entidad local se
remita
la cuenta general, haciendo constar el rechazo plenario
cuando se produzca, aun sabiendo que sin la aprobación del Pleno la cuenta no puede ser considerada
rendida
. Esta siempre será una situación preferible a la abso-
luta falta de conocimiento de la contabilidad local por parte del OCEX o del TCU.
Cuadro 2: Cumplimiento de plazos legales de tramitación del presupuesto y de la cuenta general en los ayunta-
mientos españoles (ejercicio 2015)
Presupuesto aprobado
antes del
31/12/2014
Liquidación aprobada
antes del
31/03/2016
Cuenta general aprobada
antes del
01/10/2016
Cuenta general rendida
antes del
15/10/2016
34,1%
68,2%
68,7%
60,4%
Fuente:
.
Si lo dicho en el párrafo anterior es favorable a las
entidades locales, quizás no lo sean tanto los aspectos
relativos a presupuestación y rendición de cuentas, to-
davía en niveles muy deficientes, aunque se haya mejo-
rado en los últimos años. La prórroga es una institución
demasiado habitual, cuando debería ser justamente
lo contrario, de acuerdo con la ley y con una elemen-
tal lógica económica, política y contable. En el cuadro
2 se observa que poco más de un tercio de los ayunta-
mientos aprueba su presupuesto antes del comienzo del
ejercicio de referencia o, dicho de otra forma, son más
de 5.000 entidades municipales en toda España las que
incumplen esta fundamental obligación. En cambio, la
presentación de la liquidación del presupuesto, así como
la aprobación y la rendición de la cuenta general, aun-
que muy lejos del 100% y con significativas diferencias
entre comunidades autónomas (cuadro 3), se sitúan en
niveles un poco más aceptables, probablemente gracias
a la persuasión ejercida por los OCEX y el TCU en los
últimos años, pero también por la mayor conciencia-
ción de los políticos, gestores e interventores locales, sin
olvidar el efecto incentivador de las medidas coerciti-
vas y restrictivas que se han ido aprobando y aplicando
en diferentes normativas estatales y autonómicas (Teré
Pérez, 2015). Otras medidas, como la eliminación de la
exigencia de aprobación –que no el debate- de la cuenta
general en el Pleno, podrían ser aconsejables, como se
ha propuesto (Fernández Llera, 2015b), ya que no apor-
tan demasiado en términos técnicos ni democráticos y,
en cambio, están contribuyendo a empeorar el nivel de
rendición de cuentas
10
. La crisis económica ha hecho
aún más necesario el papel del control externo. Mucho
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