Auditoría Pública nº 70. Revista de los Órganos Autonómicos de Control Externo - page 26

ración, en especial, si su vigencia o prórroga
alcanza más de un ejercicio económico.
• Beneficios fiscales, avanzando hacia una fisca-
lización operativa que determine con razona-
ble seguridad la eficacia, eficiencia y economía
de exenciones, bonificaciones, reducciones y
deducciones, así como el impacto final en tér-
minos económicos y/o sociales de estas reba-
jas de ingresos (López Díaz, 2016).
• Ayudas públicas al deporte profesional –sin-
gularmente, al futbol- por todo tipo de meca-
nismos directos e indirectos, tanto en el sector
público estatal como en los ámbitos territoria-
les de cada comunidad autónoma y en el sec-
tor público local.
• Inspección tributaria y laboral, incluyendo
en especial la selección y gestión del personal
asignado a estos organismos, así como el des-
empeño efectivo de sus tareas y el retorno en
forma de recuperación de ingresos públicos
defraudados u ocultos.
• Interoperabilidad administrativa y transpa-
rencia del sector público, por sus beneficiosos
efectos sobre la propia gestión pública y sobre
la calidad democrática.
• Actuaciones administrativas y específicas de
los órganos constitucionales y estatutarios, in-
cluidos los parlamentos.
Las ICEX, por otro lado, debe explotar más su fun-
ción consultiva o asesora, eso sí, siempre y cuando no
interfiera con su principal función de fiscalización ante
eventuales conflictos de intereses, ni tampoco la inte-
rrumpa por potenciales sobrecargas de trabajo. Más
cuestionable es la tarea genérica de prevención de la co-
rrupción
13
, para lo que sirve de nuevo acudir a las con-
clusiones de los XI Encuentros Técnicos y del VI Foro
Tecnológico de los OCEX: “no son los OCEX los que
tienen que perseguir el fraude y la corrupción, pervir-
tiendo de ese modo su función principal. Por supuesto,
sí están obligados a colaborar con otras instancias admi-
nistrativas y judiciales”.
En definitiva, es muy recomendable que las ICEX
sean sensibles a las nuevas demandas y preocupaciones
ciudadanas, debidamente instrumentadas a través de
sus representantes políticos, pero sin caer en demago-
gias o modas, ni haciendo peligrar la autonomía, la in-
dependencia y la iniciativa fiscalizadora de las propias
ICEX, bajo riesgo de descuidar sus tareas principales
o de sucumbir a peticiones de todo tipo. Obviamente,
tampoco es bueno mantener tabúes o áreas inexplo-
radas, muchas veces con argumentos propios de otros
tiempos y coyunturas muy distintas.
3. ASPECTOS COMPETENCIALES E INSTITUCIO-
NALES
Parafraseando a Ortega y Gasset, España es un país
que se
sabe
federal, pero no se
siente
federal, lo que sue-
le ser fuente de numerosas disfunciones. También en el
ámbito del control externo y la fiscalización (Fernández
Llera, 2015a). Sin entrar a discutir la “supremacía” del
TCU, no es menos cierto que esta noción debería ser
reconstruida en términos de coordinación, no de jerar-
quía
14
. El rol institucional de los OCEX debe ser impul-
sado y clarificado (Biglino Campos, 2008), tanto en sus
aspectos normativos como en los meramente prácticos,
para mejorar el encaje entre ambos tipos de ICEX, sobre
la base de un mejor reparto de funciones y tareas con
el TCU
15
. Una buena hoja de ruta la ofreció el Tribunal
Constitucional hace ya muchos años (STC 187/1988,
de 17 de octubre), cuando señaló que el TCU tiene a
la actividad financiera del Estado y del sector público
estatal como ámbito “principal y preferente”. De ello se
puede inferir que ese podría ser el camino para iniciar
la reasignación indicada, sin menoscabo de la suprema-
cía del TCU, pero sí mediante una nueva configuración
e interpretación de la mísma. Añádase a todo ello una
necesaria relación cordial con el TCE.
De igual modo, en el marco del refuerzo institucio-
nal de los OCEX y del TCU, sería preciso proteger la
independencia técnica de estas instituciones, frente a
inadecuadas intromisiones, limitaciones, presiones, in-
jerencias, consignas u otras actuaciones homólogas de
parlamentos, gobiernos, grupos de interés, entidades,
grupos políticos o personas individuales. Esto abarca
desde la designación y la elección de los miembros de
las ICEX, hasta la política de personal y presupuestaria,
pasando por la gestión relativa a los trabajos de fiscali-
zación en todas sus fases, partiendo de la planificación y
hasta la difusión de los informes definitivos.
El papel de las ICEX debe estar perfectamente engar-
zado con el de la Autoridad Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal (AIReF) y el de las respectivas interven-
ciones generales y órganos de control interno, con los
que debe conformarse un perfecto
maridaje
institucio-
nal. También con el Ministerio de Hacienda y Función
Pública, el Banco de España, la Seguridad Social y la
AEAT, así como las entidades gestoras análogas de las
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Noviembre nº 70 - 2017
AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS
13
García Garrido y Morán Méndez (2017) relatan la experiencia del Consello de Contas de Galicia.
14
La cooperación entre OCEX se enmarca en ASOCEX, creada en 2015
).
15
En los regímenes forales aún deben calibrarse otras especificidades, para mitigar conflictos entre el TCU y los OCEX, donde también suelen tomar partido par-
lamentos y gobiernos.
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