Auditoría Pública nº 70. Revista de los Órganos Autonómicos de Control Externo - page 27

comunidades autónomas. Aun más, las entidades finan-
cieras y de crédito deben establecer cauces de comunica-
ción mucho más estrechos y eficaces con las ICEX en lo
que se refiere a la información relativa al crédito público.
En cada uno de estos engarces existen puntos de fricción
y, aún peor, incomunicación o espacios de privilegio e
impunidad. Idealmente, se debería avanzar hacia bases
de datos de gestión común, compartidas e interopera-
bles, pero en tanto se alcanza ese óptimo, la colaboración
interinstitucional debe ser reforzada, sin perjuicio de las
debidas garantías de confidencialidad, cuando procedan,
pero también haciendo una interpretación lo más exten-
siva posible del principio de transparencia, del deber de
colaboración y de la lealtad institucional.
Las contrapartidas del refuerzo institucional de las
ICEX han de ser necesariamente su transparencia
ad
intra
y
ad extra
, la protección propia frente a injeren-
cias externas (políticas o de otro tipo), así como la legi-
timación social de sus funciones, mediante la continua
mejora en la agilidad, la calidad y el rigor de los trabajos.
En este sentido, los códigos éticos
16
son el marco ade-
cuado para impulsar el bueno gobierno, ya que amplían
el grado de autoexigencia personal e institucional, desde
lo
legal
a lo
deseable
.
Mención especial merece la consideración del insti-
tuto de la responsabilidad contable, tomando el punto
de vista de su engarce en un Estado descentralizado.
Antes, debe plantearse si debe seguir existiendo como
hasta ahora (con una jurisdicción propia en el TCU) o si
debería subsumirse en los tribunales ordinarios de justi-
cia, dentro del orden penal, civil y/o contencioso admi-
nistrativo. Otra vía complementaria de reforma a la an-
terior, por inexplorada, podría transitar por la exigencia
de responsabilidad contable por contravenir los princi-
pios y criterios constitucionales de eficacia, eficiencia
y economía. En ambos casos, sea cual sea la solución
finalmente elegida, incluido el
statu quo
, debería ser in-
cluida dentro del proceso de reforma del renovado rol
institucional de los OCEX, por ejemplo, aunque no ne-
cesariamente de forma exclusiva, en el diseño y la ejecu-
ción de diligencias preliminares y actuaciones previas.
La envolvente que podría acoger todo lo anterior
podría ser una normativa general de control externo,
dentro de un pacto de Estado por el control de los fon-
dos públicos, para mejorar la vigente –y, en algunos
artículos, obsoleta- legislación orgánica y ordinaria del
TCU
17
. La reforma constitucional (en particular, del ar-
tículo 136) redondearía ese proceso, pero si no existe el
consenso suficiente para llevarla a cabo, podría ser mí-
nimo con el mentado desarrollo legislativo.
4. EL RETO TÉCNICO
Como ya se ha dicho, la crisis económica ha tenido la
virtud de poner (o de volver a poner) en valor a el traba-
jo de fiscalización que desarrollan las ICEX. En tal sen-
tido, como lo síntesis, resulta clarificador el enunciado
literal del Manual de Fiscalización de la Sindicatura de
Comptes de la Comunitat Valenciana
18
: “Las auditorías
del presente ejercicio necesitarán un mayor nivel de es-
cepticismo profesional, si cabe, y una mayor involucra-
ción de los miembros del equipo de trabajo con mayor
experiencia. Se convierte en más necesario que nunca
documentar correctamente el trabajo realizado y las
conclusiones alcanzadas, especialmente en las áreas de
riesgo que hubieran sido identificadas”.
No solo es necesario
hacer más
, sino
hacerlo mejor
.
Una recomendación clásica es la que se refiere al refuer-
zo de la fiscalización operativa, así como de la auditoría
informática, sin descuidar la auditoría financiera y de
cumplimiento, puesto que todas ellas son necesarias,
aunque ninguna suficiente por sí sola. El futuro debería
avanzar hacia solventes fiscalizaciones combinadas, con
mayor o menor alcance, según el caso.
La especialización técnica en las ICEX es una necesidad
evidente, por supuesto, en disciplinas jurídicas, económi-
cas, financieras y contables, pero también en otras espe-
cíficas que pueden complementar a la auditoría pública
más tradicional. Sin ánimo de exhaustividad, es el caso
del urbanismo, la ingeniería, la informática o la gestión de
I+D+i. Las alternativas son conocidas: de un lado, refor-
mulación de plantillas y relaciones de puestos de trabajo;
de otra parte, colaboración –que no superposición- del
sector privado. Dentro de la autonomía de organización y
funcionamiento de cada ICEX, ambas opciones son facti-
bles, así como cualquier combinación de ambas, siempre
que se preserven las garantías y los controles de calidad y la
independencia de los trabajos de fiscalización.
Finalmente, a las entidades fiscalizadas se les deberá se-
guir exigiendo una plena rendición de cuentas y una ade-
cuada remisión de contratos en tiempo y forma, sin duda,
de forma telemática, salvo excepciones muy justificadas.
Por otro lado, es preciso que las recomendaciones de las
ICEX sean una guía de actuación cuasi-obligatoria, si no
con fuerza coactiva, por su propia concepción, sí como
elementos que fuercen al gestor a motivar sus actuaciones
cuando son contrarias a tales recomendaciones
19
.
25
Auditoría Pública nº 70
(2017), pp. 17 - 26
Fines y confines de la fiscalización en el sector público
16
Sirva como ejemplo y referencia el Código de Ética de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, a su vez, inspirado en el Código de Ética de INTOSAI (ISSAI 30).
17
Así se explicita también en la
Declaración de Toledo
, aprobada con motivo del VII Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público
).
18
Sección 1315.9: “Riesgos de auditoría ante la crisis económico financiera”.
19
Este principio de “cumplir o explicar” ha sido incorporado en el artículo 5 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la AIReF.
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