Auditoría Pública nº 70. Revista de los Órganos Autonómicos de Control Externo - page 73

realizadas conforme a la Ley de Auditoría de Cuentas.
Tanto en el caso de auditorías obligatorias, bien por su-
perar la sociedad los umbrales establecidos en la legisla-
ción mercantil, o por concurrir algunos de los supuestos
que dan lugar a la obligación de auditarse, como en las
auditorías de cuentas a las que voluntariamente decida
someterse la sociedad, no cabe duda de que la contrata-
ción del auditor no toma forma de colaboración con el
control interno de la entidad local, sino que se realiza en
cumplimiento de la normativa mercantil a la que se ven
sometidas las sociedades municipales sin ningún tipo
de especialidad al respecto. Lo que diferenciará a estas
auditorías de las realizadas en el ejercicio de la audito-
ría pública como modalidad del control financiero será
precisamente la iniciativa de la que parta esta decisión.
Si se trata del ejercicio del control financiero, la audito-
ría estará prevista en el Plan anual de control financiero
elaborado por el órgano interventor y la contratación
partirá del ente principal y no de la propia sociedad. En
cualquier caso, una vez que el informe de auditoría de
cuentas realizada conforme a la LAC ha sido emitido,
debería resultar válido como auditoría financiera a efec-
tos del control interno, de forma que no tendría sentido
una nueva contratación por parte del ente principal.
En este sentido se pronuncia el Tribunal de Cuentas
al analizar las auditorías contratadas por el Ayunta-
miento de La Muela sobre las cuentas anuales de socie-
dades municipales, a pesar de que las mismas ya habían
sido objeto de una auditoría de cuentas contratada la
sociedad municipal, sin que se motive la duplicidad en
la contratación. Esta postura se encuentra confirmada
con el contenido del art. 29.3 del Reglamento de Con-
trol Interno, que incluye entre las auditorías financieras
a realizar por parte de la intervención local, únicamente
las de las sociedades municipales no sometidas a la obli-
gación de auditarse.
Para concluir, es necesario hacer referencia a una úl-
tima posibilidad de colaboración de un auditor de cuen-
tas en las entidades locales. Cristóbal Aragón (1999 y
2001) defiende que es posible que en el seno del Pleno y
de la Comisión especial de cuentas, los órganos encar-
gados de la aprobación de la Cuenta General de la enti-
dad local, se pida un informe adicional al del órgano in-
terventor previamente a su aprobación, y que consistiría
en una auditoria financiera sobre las cuentas del Ayun-
tamiento, en base a la previsión del art 174 del ROFEL
de que el Presidente podrá solicitar otros informes de
funcionario o no, adicionalmente a los que tengan que
emitir la Secretaría y la Intervención de la entidad local.
Aunque esta posibilidad tampoco se encuentre prevista
en el Reglamento de Control Interno, ni en la Ley de
Haciendas Locales, negar la posibilidad de contratar es-
tas auditorías nos llevaría a negar la posibilidad de con-
tratar la emisión de informes externos de cualquier tipo,
que a este respecto quedan equiparados. Y, sin perjuicio
del buen o mal uso que se haga de esto, jurídicamen-
te esta posibilidad está plenamente admitida y solo es
rechazada cuando se hace sustituyendo el informe de
Secretario o Interventor en el caso de ser preceptivo, no
si es en adición. En cualquier caso, estas auditorías no
se harían en colaboración con el control interno de la
entidad, ni se ejecutarían bajo la supervisión del órgano
interventor.
Muy distintas son las auditorias de cuentas contra-
tadas a iniciativa política una vez ya ha sido tramitada,
aprobada y rendida la Cuenta General, por tanto sin ex-
pediente que tramitar y cuyo fin suele ser político. Tal y
como se deriva del Informe de fiscalización del Tribunal
de Cuentas, este tipo de auditorías no tienen cabida en
la normativa de control interno de las entidades locales.
4. CONCLUSIONES
La regulación que el Reglamento de Control Interno
Local hace de las colaboraciones de auditores privados,
no supone la restricción de esta colaboración única-
mente a la modalidad de auditoría pública del control fi-
nanciero. La nueva regulación se enmarca en el contexto
del establecimiento de unos umbrales de fiscalización
que han de ser alcanzados por la intervención local, una
de las novedades del reglamento, para cuya consecución
podrá requerir la contratación de la colaboración de au-
ditores privados. Los entes dependientes que no se en-
cuentran sometidos al régimen de intervención previa
(entidades públicas empresariales, sociedades mercan-
tiles locales y fundaciones locales dependientes entre
otras), sujetos al control financiero en la modalidad de
auditoría pública, han estado considerablemente más
alejados del control de las intervenciones locales, de for-
ma que el reglamento entiende que la auditoría pública
es la modalidad en la que será especialmente necesaria
la colaboración de auditores privados para alcanzar los
umbrales establecidos.
Sin embargo, cumpliendo los requisitos establecidos
por el Tribunal de Cuentas, que derivan del Texto Re-
fundido de la Ley de Haciendas Locales, será posible la
contratación de auditores privados para las demás ac-
tuaciones del control interno que conllevan el uso de
técnicas de auditoría.
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Auditoría Pública nº 70
(2017), pp. 65 - 72
La colaboración de auditorías privadas en el control interno local tras la aprobación del Reglamento de Control Interno
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