Auditoría Pública nº 74. Revista de los órganos autonómicos de control externo

1.INTRODUCCIÓN En los últimos 40 años, España se ha consolidado como un país con alto nivel de desarrollo económico y social, que en 2017 ocupaba la posición 33 en la clasifi- cación de países por Ingreso Nacional Bruto per cápita, pero cuando se tienen en cuenta otros factores socia- les, como la esperanza de vida o el nivel educativo de la población, asciende hasta la posición 26 en el Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2018). Una posición equivalente es la que refleja el vigor de la economía en el Índice Global de Competitividad, elaborado por el Foro Económico Mundial, en el que, entre 140 países, Espa- ña ocupaba la posición 26 en la edición de 2018 (WEF, 2018, p. xi). El Índice Global de Competitividad es un indica- dor compuesto que, además de resumir en un único valor la variable que trata de reflejar, permite analizar los elementos que la componen y conocer cómo afec- tan al resultado final. En nuestro caso, si analizamos la competitividad de la economía española en base al sub-indicador de “incidencia de la corrupción”, pasa- ríamos de la posición 26 a la 38; y si nos fijamos en los sub-indicadores tienen en cuenta el desempeño del Sector Público, la competitividad de la nuestra eco- nomía desciende hasta la posición 80 cuando consi- deramos la eficiencia del marco legal de resolución de disputas con la administración; hasta la posición 89 si consideramos la capacidad de la administración para afrontar los retos del futuro; y hasta la posición 120 si nos fijamos en cómo afectan a nuestra competitivi- dad las cargas que supone la regulación administrativa (WEF, 2018, p.529). Si tenemos en cuenta que la corrupción en España es un fenómeno fuertemente asociado a la gestión pública, lo que nos dice este análisis es que el Sector Público está lastrando nuestra competitividad y, por tanto, nuestro crecimiento económico. Cuando ocurre esto, debemos plantearnos qué es lo que falla en el modelo organizativo del Sector Público que le impide ser el elemento dinami- zador de nuestra economía que deberíamos esperar. Cada vez que tenemos noticia de un nuevo caso de corrupción o transciende a la opinión pública un epi- sodio de despilfarro de fondos públicos, una de las pri- meras preguntas que se suelen plantear es la de qué ha fallado, por qué no han funcionado los controles. En el debate social y político sobre este tipo de situa- ciones es frecuente dar por supuesto que la Administra- ción disponía de mecanismos internos de control para prevenirlas, pero alguien ha conseguido sortearlos. La receta suele ser inmediata: hay que reforzar los controles existentes. Pero en el entorno profesional de quienes desem- peñamos funciones de control interno, todos sabemos que, si en el presupuesto hay un crédito que lo ampare, es perfectamente posible construir una infraestructura innecesaria; y que un contrato amañado puede tener una tramitación formal impecable y ser fiscalizado de conformidad, porque el amaño estará siempre fuera del expediente. En nuestro caso, estamos obligados a pensar que, si seguimos realizando el mismo tipo de controles, seguiremos teniendo los mismos resultados, que inclu- yen una dosis preocupante de corrupción y despilfarro. La crisis de nuestro modelo de Sector Público es tam- bién la crisis de su sistema de control interno. Esta úl- 86 Noviembre nº 74 - 2019 AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS

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