Auditoría Pública nº 74. Revista de los órganos autonómicos de control externo

tima crisis se manifiesta a través de continuos cambios en la forma de ejercer el control, a veces con recorridos de ida y vuelta entre distintas modalidades de control, pero quizá su manifestación más cruda la tenemos en la existencia de distintas maneras de definir qué es lo que entendemos por control interno. En este trabajo, estudiaremos cómo están configu- rados los sistemas de control interno de nuestras Ad- ministraciones Públicas, buscaremos explicaciones que nos permitan conciliar las distintas definiciones existen- tes de control interno y trataremos de desentrañar hacia dónde pueden evolucionar los actuales sistemas tenien- do en cuenta tres referencias: 1. El cambio generacional y cultural que está a punto de producirse en aquellos ámbitos de la AGE desde los que se marcan las pautas orga- nizativas de nuestras Administraciones Públi- cas y se define el sistema de control interno; 2. La evolución que ya se ha producido, tanto en el terreno conceptual como en la práctica ad- ministrativa, de sistemas que eran muy próxi- mos al nuestro; y 3. Las posibilidades que ofrecen las nuevas tec- nologías para realizar, con mayor eficacia y eficiencia, las tareas de control que la ley en- comienda a los interventores y auditores inter- nos del sector público. 2. EL MODELO COSO, ADMITIDO YA UNIVERSAL- MENTE COMO MARCO DE REFERENCIA, SERÁ NUESTRO HILO CONDUCTOR. 2. Qué entendemos por control interno en el ám- bito de las Administraciones Públicas 2.1 Los dos conceptos de control interno que convi- ven en nuestro marco normativo En 1987, una investigación sobre las causas y posi- bles soluciones al problema de la información financiera fraudulenta en las empresas cotizadas, promovida por las principales asociaciones de auditores y expertos con- tables de EEUU, encontró que, siendo el control inter- no un elemento esencial para la prevención y detección temprana del fraude, desde distintos ámbitos profesio- nales y académicos se habían desarrollado diversas de- finiciones y enfoques sobre lo que debe entenderse por control interno, lo que daba lugar a discrepancias entre auditores externos, gestores y auditores internos sobre la idoneidad de un determinado sistema de control (Treadway et al, 1987, p. 48). Actualmente, cuando nos aproximamos al concepto de control interno de la Administración Pública en Es- paña, encontramos un problema parecido: Tenemos, al menos, dos formas de entender el control interno, con la particularidad de que los dos conceptos que manejamos habitualmente proceden del mismo contexto normativo y se utilizan en el mismo entorno profesional. La primera forma de entender el control interno la encontramos en el título VI de la Ley General Presu- puestaria, que se refiere al control interno de la gestión económico financiera del sector público estatal sin ofre- cer una definición, pero describiendo su contenido, al decir que es ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado (artículo 140.2) y que se rea- lizará mediante el ejercicio de la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública, re- gulados en la propia ley (artículo 142.2). Este concepto de control interno está acotado, tanto por su objeto (la gestión económico financiera) como por el sujeto que lo realiza (la IGAE) y su contenido (solamente algunas de las actuaciones que realiza la IGAE). La misma aproximación utiliza la Ley de Haciendas Locales para definir el control interno del sector público local, del que dice que se realiza mediante el ejercicio de la función interventora y del control financiero. El contenido de este último se desarrolla en el Reglamento de Control Interno de las Entidades Locales e incluye el control permanente y la auditoría pública. En el ámbito autonómico, cada Comunidad Autóno- ma ha desarrollado su propia normativa, pero, en ge- neral, siguen esquemas semejantes a los de las normas estatal y local. Frente a este concepto restringido del control inter- no, las Normas de Auditoría del Sector Público (NASP), aprobadas por Resolución de la IGAE de 01/09/1998, utilizan un concepto mucho más amplio, al decir (pá- rrafo 2.1.2) que “los directivos públicos y todos aquellos que manejen fondos públicos son responsables de es- tablecer y mantener un sistema de control interno efi- caz, que asegure el logro de los objetivos previstos, la custodia de los recursos, el cumplimiento de las leyes y normas jurídicas y la obtención de información fiable”. Es importante recordar aquí que las NASP las aprueba la IGAE en desarrollo del artículo 162 de la LGP, por lo que las dos definiciones con las que estamos trabajando, aunque son de distinto rango legal, proceden de un mis- mo contexto normativo. En las NASP, el objeto del control interno sigue sien- do la gestión económico financiera, pero la responsa- bilidad sobre el mismo corresponde a quienes realizan dicha gestión y, más que por su contenido, se define por los fines que persigue. Su contenido se detalla en la Nota Técnica 3/2016 de la Oficina Nacional de Auditoría, sobre planificación y evaluación del control interno en Presente y futuro del Control Interno en las Administraciones Públicas 87 Auditoría Pública nº 74 (2019), pp. 85 - 98

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